EL CAIRO.- El Máximo Consejo Judicial de Egipto rechazó ayer la controvertida declaración constitucional del presidente, Mohamed Mursi -que prohibió que sus decisiones sean analizadas por la Justicia y amplió sus poderes-, a la consideró "un atentado sin precedentes contra la independencia de los magistrados y sus sentencias" y lo instó a "apartarse de todo lo que afecte al Poder Judicial y a sus prerrogativas".
El mandatario, del grupo islamista Hermanos Musulmanes, dispuso además que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para disolver el comité de expertos que elabora la Constitución. De esa comisión se retiraron todas las fuerzas de la izquierda y liberales por el sesgo confesional que estaba tomando el texto, y acusaron a Mursi de actuar como un dictador.
El Consejo Judicial respaldó al ex fiscal general del Estado, Abdel Megid Mahmud, destituido por el Presidente. Su reemplazante, Talat Ibrahim Abdula, citó a tres críticos de Mursi, a los que se acusa de querer derribar el régimen y de llamar a la desobediencia popular. El portal de noticias Al Ahram señaló que los convocados son el presidente de la Cámara de Jueces, Ahmed al Sind; el catedrático de Derecho, Hossam Issa, y el ex diputado Hamdi al Fajarani.
En algunas provincias los jueces se declararon en huelga por tiempo indeterminado. El rechazo a las medidas de Mursi se manifiesta también en las calles. Ayer, la Policía empleó gas lacrimógeno para dispersar a cientos de opositores de la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, donde habían pasado la noche tras la multitudinaria concentración del viernes.
Un vocero del movimiento Juventud de la Revolución, surgido en 2011 durante la Primavera Árabe, señaló que la protesta continuará hasta que se retire la criticada declaración constitucional y reclamó que se disuelva la asamblea constitucional, puesto "que no representa a todo el pueblo egipcio".
La decisión presidencial causó inquietud en Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, recordó que "las aspiraciones de la revolución (de 2011) era garantizar que el poder no estuviera concentrado en manos de una sola persona o de una institución", y pidió la sanción de una "Constitución con contrapoderes, que respete las libertades fundamentales y los derechos individuales, y que esté conforme a los compromisos internacionales". La Unión Europea le pidió a Mursi que respete el "proceso democrático" y consideró que su decisión no iba en la "buena dirección". (DPA-Reuters)